Huelga General

Julio Herrero. Vitoria-Gasteiz. @HerreroJulio

¿Es razonable hacer una huelga general? A estas alturas de la crisis esta pregunta se ha formulado por muchas de las personas que el pasado día treinta tuvieron noticia de la convocatoria realizada por algunas centrales sindicales y otros grupos sociales. ¿Pero, sirve para algo? Porque, no cabe duda, que el esfuerzo, no solo económico, que participar en una huelga supone, es grande y costoso. Si además la acción tiene un fin básicamente reivindicativo pero sin llevar aparejado una propuesta concreta, las dudas son aún mayores como lo han expresado diversos comentaristas.

Algunos muy críticos con el sentido “político”, que de una forma despectiva quieren ver en esta llamada sindical, acentuado con las palabras del líder de ELA cuando se refería a que “el Parlamento estaba en la calle” y no dentro del edificio que en esas horas celebraba una de sus reuniones. ¿Son los sindicatos organizaciones políticas o simplemente laborales, gremiales, de defensa de los trabajadores, a la antigua usanza?

Se hace precisa una revisión de los conceptos, empezando por reivindicar el sentido de la “política”, no como algo ajeno a la sociedad, manejado por algunos elegidos o designados, sino como la legítima forma de participación del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. Desde este punto de vista, es evidente que los sindicatos y otras organizaciones sociales, intervienen en la política legítimamente y sin que tengan que excusarse por ello.

En los momentos actuales, con una crisis evidente de los partidos como instrumentos de participación política, debido a sus propios errores organizativos y falta de transparencia, las organizaciones sociales toman el relevo en muchas de las demandas, e incluso en la resolución de problemas, que aparecen por la dejación a la que asistimos, del papel de los Estados. No quiere decir ello que sean los sindicatos el mejor ejemplo de organización democrática, ni mucho menos. Lastrados en ocasiones por los favores “debidos” a los gobiernos que los subvencionan, dada su carencia de afiliación y por tanto de financiación, se mueven en ese difícil equilibrio de “denunciar pero sin faltar”. En estas circunstancias es cuando la huelga general adquiere su verdadero valor como repulsa ciudadana, última e desesperada.


(Artículo publicado en DNA 02.06.13)

Lluvia de lágrimas

Julio Herrero Romero. @HerreroJulio jherrero2007@gmail.com

Media España llora de dolor porque no ha podido “procesionar” a los pasos de su devoción a causa de la lluvia, mientras la otra media sigue llorando con el dolor de la crisis que la ha llevado al paro y a la desesperación. ¡Tremendo país éste siempre con lágrimas!, pero mientras los primeros lloran por causas claras, con responsables concretos como son las nubes, los segundos siguen sin entender la razón por la que tienen que ser ellos los que paguen los platos rotos sin que los culpables asuman su responsabilidad. La asuman y la paguen.

Esto ya es demasiado, aquí muchos se lo han llevado y a los demás nos toman por tontos, y si usted protesta, manifestándose ante la casa, el partido o el banco, de los responsables, por acción u omisión, de su tragedia, ya vendrán los guardias con órdenes de ese ministro del Interior tan católico y practicante, a pedirle la documentación; y si hace al caso, pasarle por el cuartelillo a tomarle la filiación: “por lo que pueda ocurrir”, que hay que tener mano dura con los que insultan a nuestros próceres, no vayan a pasar al acoso y les provoquen una crisis de ansiedad.

Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero con orden – que diría la delegada del gobierno en Madrid – no le vayan a tomar por filoetarra o cosas peores, si es que las hay. Santa indignación, sin duda, han de tener los políticos del PP – al menos los que hemos visto por la tele – que ven turbada su paz y tranquilidad por los gritos y caceroladas de aquellos que han perdido su vivienda, o sus ahorros de toda la vida. ¡Qué culpa tendrán ellos, y los otros!, se limitaron a asistir a los consejos de administración de las cajas que fueron a la quiebra, a votar en el Congreso las leyes que de injustas pasaron a ilegales tras la sentencia de los tribunales de Europa, a no mover un dedo por atajar una situación que iba al desastre. Siguieron las indicaciones de sus partidos, de sus aparatos de poder, náufragos de la razón obsesionados por salvar sus naves sin ver el acantilado hacia el que se dirigían.

No sacar a los santos cuando llueve parece ser la consigna. Tranquilo Sr. Rajoy tras la pasión viene la resurrección y siempre que ha llovido a escampado, sobre todo para algunos.


(Artículo publicado en Diario Noticias de Álava el 1 de abril de 2013)

Un nuevo contrato social: la transparencia

Óscar Rodríguez Vaz. Vitoria-Gasteiz. @rvoscar http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com

Las principales instituciones del Estado están siendo percibidas como un problema para la ciudadanía. Se percibe en la calle y lo corroboran, serie a serie, los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los partidos políticos, las Autonomías, la Monarquía, símbolos de la estabilidad y perdurabilidad del sistema ideado y acordado en la Transición, inspiran más desconfianza que nunca.

Y es que, ciertamente, llevamos unas semanas “gloriosas”. En medio de la mayor crisis económica desde el “crack” del 29, no hay forma de encender la televisión y no encontrarse con novedades sobre el caso Bárcenas y las cuentas del partido político que gobierna España; o declaraciones desafortunadas de la presidenta Barcina en torno a “su” caja de ahorros, uno de los símbolos de la extensión de la influencia partidaria en ámbitos que les deberían ser ajenos; o nuevas pruebas que van cercando a miembros de la institución que fue elegida como árbitro y moderador de nuestro sistema, la Monarquía.

Todo este caldo de cultivo, añadido a la obsolescencia de nuestro sistema institucional – lógico, después de 35 años de funcionamiento prácticamente inmutable –, nos sitúa ante una grave crisis de confianza. Esta desconfianza ha alimentado, y lo seguirá haciendo, los diferentes estallidos sociales vividos en los últimos años.

En su último libro, el profesor Manuel Castells sitúa precisamente en esa desconfianza, el origen de las movilizaciones que se han vivido en todo el mundo: “La confianza se desvaneció. Y la confianza es lo que cohesiona a una sociedad, al mercado y a las instituciones. Sin confianza, nada funciona. Sin confianza, el contrato social se disuelve y la sociedad desaparece, transformándose en individuos a la defensiva que luchan por sobrevivir”.

Pues bien, en la medida en que las relaciones sociales en democracia se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, urge la firma de un nuevo contrato basado en la confianza. Y, en mi opinión, la mejor forma de transmitir confianza pasa por dos elementos estrechamente relacionados entre sí: transparencia y la dación de cuentas.

Las medidas de transparencia y dación de cuentas están llamadas a ser uno de los pilares de la tan cacareada – y no por ello menos necesaria – regeneración política que debe experimentar nuestro país. La opacidad que preside la toma de muchas decisiones y la falta de explicación posterior de las mismas, ha provocado que este tipo de medidas se conviertan en una exigencia recurrente de la parte más concienciada y dinámica de nuestra sociedad, que será, al fin y al cabo, quien nos saque de la situación en la que estamos sumidos.

Hacen falta medidas de transparencia radical en la política, en la sociedad, en la empresa. Por ejemplo, en tanto en cuanto su principal fuente de ingresos es la Administración Pública, todos los partidos políticos sin excepción, deberían dar cuenta tanto de sus balances, como de su patrimonio. Por ejemplo, durante el tiempo que ejerzan, los diferentes cargos públicos de todos los niveles institucionales deberían estar obligados a publicitar la evolución de sus declaraciones de actividades y bienes. O, por ejemplo, cualquier ciudadano debería poder conocer el destino de los dineros públicos que reciba cualquier empresa (pública, parapública o participada), así como las declaraciones de bienes y actividades de los responsables de tales empresas.

Y también son necesarias medidas de rendición de cuentas en las instituciones y en los propios partidos políticos. Un ejemplo que ya se practica en otros países: se pueden introducir, tanto en los partidos como en las instituciones de representación, mecanismos que permitan la revocación de un cargo público u orgánico de cualquier nivel por incumplimiento de su plan de acción, del programa electoral o de los compromisos personales que hubiere adquirido. No puede ser que tengamos que aguantar durante cuatro años a una persona que, durante el primer semestre de su mandato, ya haya incumplido sus principales promesas electorales.

En definitiva, no sé si alguna vez en el tiempo la hubo, pero desde luego hoy no hay excusa alguna para no poner a disposición de la gente lo que es suyo. No hay razón para ocultar a la sociedad el destino último y las explicaciones sobre la utilización del dinero que se obtiene de sus impuestos. Además, con los avances tecnológicos que se han experimentado y la extensión de los mismos al conjunto de la sociedad, no hay impedimentos para que se puedan conocer ese destino y las explicaciones “just in time”.Muchísimas personas creen aún en la política, en el sistema democrático-institucional. Yo soy uno de ellas. Y por eso precisamente apuesto por su reforma urgente. Porque si no lo hacemos quienes nos lo creemos, corremos el riesgo de que un movimiento populista de discurso fácil - y aún más fácil financiación - sea quien lidere no ya su reforma, sino su demolición.


Artículo publicado en DIARIO VASCO (07.03.13).