
Y esto de no dar explicaciones, de no dar cuenta a la ciudadanía, no es una buena cosa, porque contribuye a engordar el sentimiento ciudadano de desafección hacia el sistema. Es verdad que esta desafección se debe, en gran medida, a la situación de crisis y desempleo galopante que vivimos. Pero no se puede permanecer en silencio cuando las principales instituciones del Estado están siendo percibidas como un problema para la ciudadanía cuando, serie a serie, los estudios del CIS indican que los símbolos de la estabilidad y perdurabilidad del sistema ideado y acordado en la Transición (partidos, autonomías, monarquía,...), inspiran más desconfianza que nunca.
Pero volviendo a las posesiones que dividen a los seres humanos en dos grupos separados, al parecer acabamos de descubrir otra: la de tener la capacidad de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidan le defiendan a uno cuando es imputado por un juez. Inaudito.
Efectivamente, soy de los que cree que hay que hacer pedagogía, transmitir y pedir la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia la Justicia en este caso. Y creo también en gran medida en el sistema judicial a nivel general. Pero cuando las líneas que separan al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial son tan difusas como en algunos de los casos que venimos observando en los últimos meses, crecen la desconfianza y la desafección. Como cuando no se habla.
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